El conflicto se remonta a 2019, cuando Hugo y Pablo Moyano reclamaron el encuadramiento sindical de los 1200 empleados del centro de distribución de la empresa de Marcos Galperin (Mercado Libre) ubicada en La Matanza y pusieron en tela de juicio el convenio porque era “flexibilizador” de las condiciones laborales y salariales del personal y, además, porque fue aprobado como un “trámite exprés” durante la gestión de Dante Sica en el Ministerio de Trabajo en el gobierno macrista.
Incluso Pablo Moyano dispuso el bloqueo de la entrada de ese centro de distribución en julio de 2020 en reclamo del encuadramiento de esos trabajadores, pero, ante la intransigencia del dirigente, el gobierno de Alberto Fernández le pidió a Hugo Moyano, recluido en su casa por la pandemia, que lo excluyera de las negociaciones para poder encarrilar el diálogo con la empresa de Galperin.
Ahora, la jueza del Trabajo María Alejandra D’Agnillo rechazó la presentación de Camioneros al considerar que “carece de legitimidad activa” para efectuarla ya que, “en orden a los derechos y modalidades establecidas para los contratos de trabajo, sólo los propios interesados, empleados de la citada como tercero (Mercado Libre), podrían requerir la invalidez del convenio de empresa”.
“Aunque no estemos en presencia de un conflicto de Derecho Individual del Trabajo, cabe priorizar el interés de los trabajadores, sujetos de preferente tutela”, afirmó la jueza, que agregó: “No se pierde de vista que los convenios de empresa generalmente flexibilizan algunos aspectos de las modalidades de los contratos, pero también otorgan otros beneficios”. Y citó el informe contable que “da cuenta de que los sueldos devengados por los trabajadores (de Mercado Libre) resultan superiores a los que les correspondería según escalas salariales del convenio 40/89″ (firmado por el gremio de Moyano).
