ARGENTINA – Los gremios que representan a los empleados estatales han reaccionado con cautela ante la reciente resolución del Gobierno de Javier Milei, que exige al personal de la administración pública que cumple con las condiciones para jubilarse, que inicie los trámites correspondientes. Si bien los líderes sindicales afirman que el impacto de la medida será “mínimo”, consideran que el anuncio tiene un carácter más “efectista” que práctico.
Esta tarde se llevará a cabo una reunión del Frente de Gremios Estatales en la localidad bonaerense de Moreno, donde se discutirá el tema. No obstante, la mayor preocupación entre los sindicatos en este momento es la reestructuración de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que incluirá un significativo recorte de personal, según lo anunciado por el Poder Ejecutivo.
Como parte del plan de reestructuración del Estado, el Gobierno ha ordenado que aquellos empleados de planta permanente que cumplan con los requisitos para jubilarse, inicien los trámites ante la ANSES. Según las estimaciones oficiales, alrededor de 10.000 empleados se verían afectados por esta medida, que establece la edad de jubilación en 65 años para los hombres y 60 para las mujeres.
La decisión fue oficializada a través de la resolución 3/2024, publicada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger. Desde esta cartera, se informó que “hay unas 10.000 personas en edad jubilatoria, de las cuales más de 6.800 forman parte de la planta permanente”.
El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, señaló que “muchas de estas medidas no son nuevas, ya están contempladas por la ley”. Sin embargo, destacó que la norma podría tener un mayor impacto en el caso de las mujeres, quienes hasta ahora podían optar por extender su actividad laboral hasta los 65 años.
Gremios alertan sobre mínimo impacto
Aguiar agregó que los sindicalistas protegidos por su mandato pueden seguir en funciones, pero que la medida en sí tiene un “impacto mínimo”. Los gremios, no obstante, continúan atentos a los posibles cambios en los plazos para acceder al beneficio previsional.
Mientras tanto, ATE se prepara para un paro nacional de 36 horas que comenzará el martes 29 de octubre a las 12 y se extenderá hasta el miércoles 30, en coordinación con los gremios del transporte. Para ese día, está prevista una marcha hacia el ministerio que encabeza Sturzenegger, quien, según Aguiar, ha sido “el menos afectado” por los recortes en el Estado.
Por su parte, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) está evaluando las implicaciones de la resolución. Desde el sindicato, manifestaron su preocupación por los exámenes de idoneidad que el Gobierno planea aplicar a todos los empleados estatales en diciembre, así como por la reducción de organismos como el Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP) y el Consejo Federal de la Función Pública.
Preocupación por la reestructuración de la AFIP
El Frente de Gremios Estatales, del que forma parte UPCN, se reunirá esta tarde para discutir la disolución de la AFIP, una de las medidas más controvertidas anunciadas por el Gobierno.
En su resolución, el Gobierno establece un plazo de 30 días hábiles para que las entidades intimen a los empleados que cumplen con los requisitos a iniciar los trámites jubilatorios. El objetivo de la medida, según el texto oficial, es promover “una gestión pública transparente, ágil y eficiente”, con el fin de reducir el sobredimensionamiento estatal, equilibrar las cuentas públicas y mejorar el uso de los recursos.
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