El Ministerio de Ambiente organizó este jueves una audiencia para informar a la ciudadanía acerca del Proyecto Neptuno, que consiste en la instalación de una planta potabilizadora en la zona de Arazatí para extraer agua del Río de la Plata y sumarla al sistema de abastecimiento de agua potable para Montevideo y la zona metropolitana.
El evento se desarrolló en el Club Social y Deportivo San Rafael, ubicado en la localidad de Rafael Perazza, ubicado a 25 kilómetros de Arazatí. Las autoridades encargadas de defender el proyecto ante representantes de organizaciones sociales, políticos y vecinos fueron, principalmente, el ministro de Ambiente, Robert Bouvier, el responsable del proyecto, Francisco Gross, y el gerente general de Obras Santiarias del Estado (OSE), Arturo Castagnino.
En una de las instancias, Gross dijo que el agua que suministrará la planta será “buena” o “muy buena” los “365 días del año”. En tanto, Bouvier aseguró que la audiencia pública es una “instancia muy importante de participación” y que va a ser tenida en cuenta para realizar el informe final.
Este proyecto viene causando polémica desde su inicio. Diversos actores manifestaron preocupación por los costos de la obra en sí, por las consecuencias económicas que tendría sobre OSE, la falta de informes sobre las condiciones del agua y los efectos ambientales que podría conllevar, además de que argumentan que viola la Constitución y la ley de Política Nacional de Aguas.
El presidente actual de OSE, Raúl Montero, recalcó en su momento que el proyecto en Arazatí es “importantísimo y fundamental”. En junio, destacó que tanto la sequía del año pasado como las inundaciones y desbordes de este año “indican que necesitamos una fuente alternativa de agua potable”.
Una vez concretado el consorcio y asignado el proyecto a Aguas de Montevideo, el exministro de Ambiente fallecido Adrián Peña celebró el hecho como un “día histórico”. “Se acaba de adjudicar la inversión en agua potable más importante en 150 años”, había escrito en su cuenta de X.
Sin embargo, los detractores volvieron a plantearon sus reclamos.
“El pueblo uruguayo dijo hace 20 años que el agua es un derecho humano fundamental y que la gestión del servicio de agua potable y saneamiento tiene que ser prestado directamente por personas jurídicas estatales. Nunca un privado podría estar dando esta solución”, dijo Selva Ortiz, integrante de Redes Amigos de la Tierra.
Además, criticó la inversión y las ganancias que tendría el consorcio privado Aguas de Montevideo, integrado por las empresas Saceem SA, Berkes SA, Ciemsa y Fast Ltda. “Un privado va a hacer una inversión de U$S 300 millones y va a ganar U$S 900 millones en 17 años. El agua es un bien natural, por lo tanto esto es inconstitucional”, agregó.
“Están hablando de Arazatí y ni pisaron la tierra. Nacimos ahí y la vamos a defender siempre. Estos nos robaron Arazatí”, exclamó Silvana Fernández, del colectivo vecinal Tucu-Tucu de San José.
Dentro y fuera del establecimiento se colgaron banderas en rechazo del proyecto y, según constatan videos publicados en redes sociales, hubo silbidos y abucheos mientras los exponentes defendían el proyecto. La frase “No se vende, el agua se defiende” fue cantada por una gran cantidad de asistentes.
A su vez, Castagnino tuvo un cruce con Raúl Viñas, integrante del movimiento Uruguay Sustentable. Viñas planteó que OSE no tenía informes para justificar la realización del proyecto y criticó que la administración actual fue la misma que “privatizó” el suministro de agua en Maldonado. Castagnino, quien era gerente del ente en dicho año, defendió su gestión y eso motivó el intercambio entre ambos, que obligó a que la audiencia entrara en un cuarto intermedio.
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