La nueva democracia en América

Los contrapesos que configuran a las democracias viven momentos delicados. El Poder Judicial, en concreto, se debate entre su completa irrelevancia frente al Legislativo y Ejecutivo, o su rol determinante para la gobernabilidad de una nación.

Dr. Javier Junceda Moreno 

Licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo y Doctor en Derecho por la Universidad de Valladolid. Escritor

     Tocqueville jamás hubiera imaginado la actual deriva de la democracia en América. Y en el resto del mundo. Aunque algo predijo en su clásico sobre la degradación de las administraciones, nada comparable con el deterioro que experimentan los conceptos que han cimentado los estados de derecho en Occidente, empezando por la división de poderes.

En Méjico, en un alarde insuperable de demagogia barata e irresponsabilidad sin límites, han dado el primer paso hacia la demolición de su régimen de libertades, al elegir a través del voto a los jueces. Este desvarío se había ensayado antes en Bolivia, con idéntica intención «democratizadora». Quienes así discurren ocultan un verdadero gamberrismo totalitario, que pasa por eliminar cualquier cortapisa a sus planteamientos, convirtiendo a las autoridades judiciales en meras terminales de ellos. De todas maneras, no nos pongamos demasiado estupendos: esto también sucede en otros lados de forma menos tosca, por la indisimulada voluntad de unas u otras fuerzas parlamentarias de permear los órganos de dirección de la magistratura, la Fiscalía o el Tribunal Constitucional para evitar eventuales reveses a sus estrategias.

Los contrapesos que configuran a las democracias viven momentos delicados. El Poder Judicial, en concreto, se debate entre su completa irrelevancia frente al Legislativo y Ejecutivo, o su rol determinante para la gobernabilidad de una nación. En este último sentido, Argentina permite hoy que sus jueces diseñen incluso políticas públicas, con plena capacidad para imponer desde la creación de nuevas escuelas a la mejora de los establecimientos penitenciarios. Pese a que en la Casa Rosada hagan caso omiso de tales fallos, el dato decisivo es que allá se consiente que los magistrados cumplan un papel que no solo no les corresponde, sino sobre el que carecen por completo de aptitudes para su apropiado desempeño.

Como con acierto advierte el jurista bonaerense Carlos Balbín, esa extralimitación judicial responde al acusado declive de las instituciones encargadas de solventar los problemas ciudadanos. Esa acentuada crisis representativa constituye una seria amenaza para las democracias, cuyos parlamentos y ejecutivos son considerados ineficaces y causantes de los principales males sociales.

Pero, ¿pueden los jueces, encargados de comprobar en el caso concreto si se ha cumplido o no una ley, trasladar su función a la de decidir qué carretera toca hacer o qué normas deben promulgarse? En partes de América así se estima, como consecuencia de la inutilidad de los restantes poderes para resolver los temas que de verdad importan a la gente.

Otro preocupante fenómeno que afecta a las democracias proviene de la delegación de sus soberanías jurídicas en entes internacionales ligados a las inversiones. No pocos estados, sometidos al actual imperio plutocrático mundial, han supeditado sus ordenamientos internos a mecanismos de solución de controversias con tintes exclusivamente arbitrales y mercantiles. Los tratados de libre comercio suscritos con potencias económicas sustituyen tantas veces a las legislaciones nacionales sobre numerosas materias. Incluso en sectores enteros, como el de la contratación pública, el derecho patrio no suele servir ahora de gran cosa en repúblicas ya neobananeras, desplazado por reglas extrajudiciales vinculadas a entidades extranjeras.

Qué duda cabe que llevar el más sofisticado derecho al lugar más caótico del planeta, sin implementar medidas adicionales, garantiza poco. Absurdistán seguiría siendo Absurdistán. Pero hemos de convenir que existen fórmulas que garantizan mayor o menor éxito. Las que insisten en blindar la tarea de cada poder, y de asegurar roces entre ellos, son las óptimas. Y certifican, además, la calidad democrática de una sociedad. Desactivar al Poder Judicial, o facultarle para que desempeñe misiones diferentes a las de aplicar la ley no parecen caminos acertados, por más que los derroteros discurran por ahí.

Los cantos de sirena que anuncian cada dos por tres la revisión del modelo democrático acostumbra a esconder orientaciones liberticidas. Y los que apostamos por recetas tradicionales ligadas al respeto de lo propio de cada uno de los poderes somos tildados de carcas, aunque tengamos más razón que un santo. O que el santoral entero. Desde luego, mejor estábamos profundizando en lo que sabemos que funciona, en lugar de meternos en fregados que solo conducen al barranco al que algunos se empeñan en arrojarse, porque debe recordarse que no hay nada nuevo bajo el sol. Ni bajo la luna.